El 23 de noviembre, el Frente Comunista, única organización política italiana presente, participó en la videoconferencia internacional promovida por el Partido Comunista de Venezuela, en la que los camaradas presentaron un análisis de la situación política en Venezuela, cinco meses después de las controvertidas elecciones presidenciales del verano. En ella debatieron en profundidad las medidas antipopulares introducidas por el gobierno, la crisis política postelectoral y la difícil situación de represión de los comunistas. A la reunión asistieron más de 100 delegados de partidos comunistas, organizaciones juveniles comunistas y sindicatos de todo el mundo que, junto a nuestro Partido, expresaron su solidaridad militante con los comunistas y trabajadores venezolanos, víctimas de la represión policial y la persecución judicial del régimen socialdemócrata de Maduro.
A continuación reproducimos el discurso del camarada Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central del CPV.
Estimadas y estimados camaradas, buenos días.
En nombre del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y de la Juventud Comunista de Venezuela (JCV), queremos transmitirle un saludo fraterno a los Partidos Comunistas y Obreros, organizaciones sindicales e individualidades que nos acompañan el día de hoy en esta Videoconferencia Internacional para presentar nuestro análisis de la crisis sociopolítica que atraviesa Venezuela, profundizada tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Antes de dar inicio a nuestro análisis, queremos enviar un particular saludo solidario al Partido Comunista Palestino, el Partido Comunista Libanes, y el Partido Comunista Sirio, que nos acompañan el día de hoy en esta jornada. Pueblos que en estos momentos están siendo objeto de una brutal y genocida arremetida por parte del sionismo y las potencias imperialistas. Desde el PCV reiteramos nuestra irrestricta solidaridad con la causa de los pueblos de Palestina, Libano y Siria, con sus partidos comunistas y obreros, y con la resistencia árabe ¡Confiamos en que el pueblo palestino y la resistencia árabe vencerá!
Sobre el tema que nos ocupa en esta jornada, hay algunas consideraciones previas que son más que necesarias señalar:
1) En la escena internacional, Venezuela es presentada por la propaganda gubernamental como un bastión antiimperialista. Alimentan este relato las recurrentes declaraciones de las principales figuras del Gobierno venezolano contra Estados Unidos y la Unión Europea. No obstante, una revisión cuidadosa del giro de la política económica del actual gobierno en beneficio de los monopolios extranjeros capitalistas, y principalmente las empresas petroleras occidentales, dan al traste con esta manipulación discursiva que es utilizada para encubrir la deriva antiobrera y antipopular del Gobierno de Nicolás Mauro.
2) En Venezuela, lejos de avanzar hacia la superación del modo de producción capitalista y abrirle perspectiva a un proyecto socialista, lo que enfrentamos es la profundización de la crisis del capitalismo dependiente venezolano y su particular modelo rentista de acumulación. Para enfrentar dicha crisis sistémica , agudizada por las criminales medidas coercitivas unilaterales, el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros y la cúpula del PSUV, han impuesto un programa neoliberal. Prueba de ello es la brecha entre salarios y ganancias: En 2014, de todo lo producido en el país, 36% se destinaba a los asalariados y 31% a los patronos. En 2017, sólo 18% se repartió entre los trabajadores, mientras que la burguesía se apropió del 50%. Estos datos son el preludio de una política que se consolidó durante el segundo mandato de Maduro (2018-2024), cuyo pilar fundamental es la reducción al mínimo del valor de la fuerza de trabajo.
3) La disputa del poder en Venezuela se desarrolla en el marco de las confrontaciones interimperialistas presentes en el seno del sistema capitalista mundial, con una correlación de fuerza interna que enfrenta a dos fracciones del capital: de una parte, la que actualmente controla el aparato del Estado encabezada por el gobierno-psuv, que se identifica como «burguesía revolucionaria», y de la otra la tradicional burguesía oligárquica venezolana, ambas asociadas a capitales transnacionales y locales. Desde el PCV impulsamos, junto a otros sectores del campo popular y auténticamente democráticos, en conjunto con las corrientes sindicales clasistas, la construcción de una alternativa a éstos dos bloques burgueses responsables de la profunda crisis nacional.
1. Situación de la clase trabajadora venezolana
El mandato de Nicolás Maduro se ha caracterizado por la imposición de una política de ajuste económico al servicio del capital, uno de cuyos ejes fundamentales es el rediseño de las relaciones laborales en el país, con el objetivo de crear un paraíso para la inversión privada y preservar las ganancias del capital, a costas del sacrificio de la clase trabajadora y de los sectores populares, quienes cargamos con las consecuencias de la crisis socioeconómica, agudizada por las medidas coercitivas unilaterales del imperialismo contra el país.
En tal sentido, en los últimos seis años se ha aplicado un programa gubernamental restrictivo de los derechos sociales, económicos, políticos y laborales del pueblo trabajador venezolano, en abierta violación de la Constitución, basado en la destrucción del salario y las prestaciones sociales; la eliminación de las convenciones colectivas; el abaratamiento extremo de los despidos y, en general, en el desmontaje de derechos y conquistas de la clase trabajadora, acompañado de un creciente autoritarismo. En fin, se han derogado de facto los principios constitucionales de progresividad, intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos de las y los trabajadores, así como la limitación de los derechos políticos, gremiales y el ejercicio del debido proceso.
El Gobierno del presidente Maduro enmascara su política de destrucción del ingreso de la clase trabajadora a través de farsas como el denominado «Ingreso Mínimo Integral»: un mecanismo que reemplaza el salario por pagos de bonos sin incidencia en las indemnizaciones por despidos, vacaciones, utilidades y otras establecidas en la legislación y en las convenciones colectivas de trabajo.
Para encubrir su política antiobrera, el Gobierno echa mano de federaciones sindicales desclasadas bajo su control, que negocian con la patronal pública fraudulentos «convenios» que son pactados sin la realización de asambleas, ni consultas con los trabajadores. Esta práctica ha marcado a sectores clave como el de los trabajadores petroleros y de la educación.
Las consecuencias de este paquetazo de corte neoliberal han sido particularmente dramáticas para los pensionados y jubilados del sector público, que reciben pagos calculados con un salario inferior a los tres dólares mensuales y que además enfrentan el desmontaje de la seguridad social.
Las violaciones a los derechos laborales van estrechamente acompañadas de violaciones a la libertad sindical: Las obstrucciones e impedimentos administrativos para el registro de sindicatos y para el reconocimiento de las elecciones sindicales, son mecanismos empleados para neutralizar al sindicalismo clasista; impedir las discusiones de convenciones colectivas, así como la presentación de pliegos de peticiones con carácter conciliatorio o conflictivo.
Una de las prácticas más aberrantes de violación a la libre sindicalización es que en muchos casos se pone como condición para el registro legal de sindicatos de base, la afiliación a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela; un instrumento de colaboración de clase creado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), utilizado para la imposición de políticas en favor del capital y de las mafias burocráticas del Estado.
Aquellos trabajadores que se oponen al paquetazo antiobrero y antipopular son criminalizados y judicializados. Centenares de trabajadores inocentes, incluyendo dirigentes sindicales, han terminado en la cárcel con juicios amañados, sin ningún respeto al debido proceso y a los derechos humanos; en la mayoría de los casos con los siguientes cargos: instigación al odio, asociación para delinquir, boicot y terrorismo. Adicionalmente, el gobierno utiliza las sanciones imperialistas y su disputa contra los partidos del otro polo burgués, para criminalizar las luchas obreras por salarios dignos. Se ha vuelto habitual desde el alto gobierno, emitir falsas acusaciones contra los trabajadores en lucha, para intentar vincular sus legítimas protestas reivindicativas con supuestos planes desestabilizadores dirigidos y financiados por el “imperialismo”. Así, bajo una falsa máscara “anti imperialista”, la burguesía en el poder encubre la feroz represión contra la clase trabajadora y la restricción de sus libertades gremiales y democráticas, en beneficio de preservar y profundizar el actual régimen de sobreexplotación de la fuerza de trabajo en Venezuela.
Más recientemente, el gobierno-PSUV ha introducido en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que declara al clasismo ─atributo histórico del movimiento sindical autónomo y revolucionario─ como una característica del fascismo. Con iniciativas de este tipo, el Gobierno de Maduro trata de intimidar a la clase obrera para servir eficientemente a la clase burguesa, los monopolios imperialistas y para que no haya resistencia a su programa neoliberal.
Pero el gobierno no solo utiliza las sanciones imperialistas para arreciar la persecución contra la clase trabajadora, también es su pretexto predilecto para justificar el ajuste antipopular. Ciertamente, las sanciones criminales extranjeras tienen un impacto negativo sobre la economía, agudizando la gravedad de la crisis capitalista venezolana. Pero estas sanciones no son la causa de la crisis, como reiteradamente señala el gobierno venezolano para justificar su deriva neoliberal y autoritaria. El PCV no sólo condena las sanciones y la injerencia imperialista, consideramos que esta estrategia de las fuerzas de la derecha tradicional, sólo acrecienta los sufrimientos del pueblo trabajador, sobre quien recae todo las consecuencias de las crisis y los efectos de estas sanciones. Por eso no solo demandamos el levantamiento inmediato de estas medidas, sino también castigo para las fuerzas políticas que al interno del país promueven más sanciones y ataques extranjeros contra el país.
2. La XVI Conferencia Nacional del PCV y las elecciones presidenciales
Este programa económico ha ido acompañado de una conducta política cada vez más autoritaria: Como bien saben, al PCV lo intervinieron judicialmente en 2023, y le quitaron su tarjeta electoral. Previamente habían intervenido judicialmente o administrativamente, para imponer direcciones ad hoc subordinadas al gobierno-psuv a otras organizaciones de la izquierda que asumieron posiciones críticas frente al gobierno, como fueron los casos del UPV, MEP, PPT y TUPAMARO.
Tras un análisis político realizado en tres fases que se prolongaron durante ocho meses, la XVI Conferencia Nacional del PCV concluyó que la deriva autoritaria de la cúpula del Gobierno-PSUV, la destrucción de las condiciones de vida del pueblo venezolano, el desmontaje del estado de derecho, la sistemática violación de los derechos humanos, la judicialización de las luchas obreras y populares ─y en general de la política─ han configurado una nueva situación en la que la recuperación de los derechos democráticos garantizados en la Constitución se convierte en una tarea de primer orden.
Con la ilegalización de facto del PCV, el Gobierno-PSUV se propuso frenar el avance de una alternativa que lograra reagrupar a las fuerzas populares y revolucionarias que enfrentan su gestión antiobrera y antipopular. De tal modo que la conquista de condiciones políticas para el desarrollo de las luchas también se jerarquizó como uno de los objetivos de las y los comunistas en esta nueva situación, por lo que decidimos participar en la elecciones presidenciales.
En este sentido, el PCV se propuso conformar una alternativa organizada y combativa, que confrontara y luchara contra la indignidad y la inmoralidad de las élites corruptas y autocráticas que actualmente ostentan el poder, y, a la vez, enfrentara al polo de la burguesía tradicional Para tal fin, nuestro partido ─junto con organizaciones del movimiento popular─ trabajó en una candidatura que permitiera: 1. Levantar una propuesta programática amplia y unitaria, que tuviese como centralidad la defensa de la Constitución y de los derechos del pueblo trabajador. 2. Confrontar la acción política de los mercenarios que, usurpando nuestras siglas, inscribieron la candidatura de Nicolás Maduro y 3. Defender el perfil propio del legítimo PCV y de su dirección nacional electa en el 16° Congreso Nacional celebrado en octubre de 2022. Sin embargo, el carácter altamente controlado y restringido del proceso electoral impidió que la inscripción de la candidatura se concretara, de tal tal modo que la clase trabajadora y la izquierda revolucionaria no tuvo la oportunidad de presentar candidatura propia.
Finalmente, atendiendo a la decisión de participar en las elecciones presidenciales, la XVI Conferencia Nacional acordó que se requería construir un acuerdo político-electoral con sectores políticos más allá de la izquierda para impedir el aislamiento del partido y derrotar las pretensiones del Gobierno-PSUV de instaurar una tiranía disfrazada de falsa democracia. Tal acuerdo debía estar basado en un programa mínimo que tuviera en su centro la restitución de derechos políticos y sociales arrebatados por la cúpula gubernamental.
El PCV no ha perdido de vista que el mero cambio de gobierno no traerá consigo automáticamente una política favorable a las aspiraciones del pueblo trabajador. Sin embargo, para la Conferencia Nacional el avanzar en la construcción de una opción social y política alternativa a los dos bloques burgueses responsables de la catástrofe nacional, es un objetivo que también debíamos impulsar en el proceso electoral presidencial, dado que sería un paso importante en la lucha por la recuperación de los derechos conculcados. De allí que se hiciera un llamado a la participación masiva del pueblo venezolano para romper con la polarización impuesta y derrotar el esquema autoritario, arbitrario y excluyente que han forjado el Gobierno-PSUV y sus cómplices.
3. Elecciones y crisis política
Las elecciones presidenciales del 28 de julio, antes que crear un escenario superador de la crisis sociopolítica, la exacerbó y agudizó. Finalizado el proceso de votación, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó al país un primer boletín de resultados cargado de inconsistencias legales y matemáticas, que alertaron a toda la población sobre la posibilidad de un fraude electoral. El boletín presentado por el CNE no provino de la Sala de Totalización de votos, siendo este el primer elemento que sembró dudas sobre los resultados presentados. En segundo lugar, el rector presidente del CNE aseguró que este boletín expresaba una «tendencia irreversible» cuando la diferencia de votos entre el primer y segundo candidato era de apenas 704 mil 114 votos, faltando aún por contabilizar más de 2 millones y medio de votos.
Al día siguiente, lunes 29 de julio, las dudas sobre la transparencia del proceso se acrecientan debido a que el CNE, en lugar de hacer público el segundo boletín electoral, con la votación desagregada por centro de votación y mesas electorales ─tal como establece la ley electoral y es costumbre de todos los procesos electorales en Venezuela─, procede apresuradamente a proclamar la victoria del candidato Nicolás Maduro. En Venezuela, el voto es electrónico. Al finalizar la jornada, las máquinas imprimen un acta que recoge las votaciones de cada mesa, la cual es firmada por funcionarios del CNE y los testigos de los partidos políticos. Copias de estas actas son entregadas a los testigos electorales de cada partido político que participa en la contienda. Esto garantiza que la información que maneja el CNE y cada organización política sea la misma, dando transparencia al proceso.
El comando de campaña del candidato Edmundo González Urrutia hizo público los resultados del 70% de las actas electorales sistematizadas por sus testigos en los más de 30 mil centros electorales habilitados en el país. En ellas se alza con una ventaja electoral considerable frente a Maduro.
Sin aventurarnos a dar por ciertos los resultados presentados por la principal fuerza opositora del país ─aunque coinciden con el alto rechazo que el pueblo venezolano manifiesta contra la gestión antiobrera y antipopular de Nicolás Maduro─, lo cierto es que la no presentación de las actas y datos, desagregados por mesas y centros de votación, en las 72 horas siguientes al primer anuncio, es un acontecimiento inédito en la historia de los procesos electorales de los últimos 25 años en Venezuela.
Acentúa la desconfianza en los resultados presentados por el CNE el hecho de que hasta ahora, el PSUV no haya presentando públicamente las copias de las actas de sus testigos. Cabe recordar que ya existe un antecedente en las elecciones presidenciales de 2013, cuando la oposición denunció fraude y el PSUV, para disipar dudas, publicó en su página web las actas en su poder para confirmar su triunfo.
4. Escalada represiva contra los sectores populares
A casi cuatro meses de haberse realizado los comicios, es indiscutible lo que las primeras 48 horas se percibía en las calles del país: Nicolás Maduro perdió las elecciones y está en desarrollo una conspiración institucional para desconocer y truncar la voluntad popular expresada en la urnas.
Durante los días 29 y 30 de julio se desató una brutal represión contra las protestas populares ─en su mayoría pacíficas─ que rechazaban los resultados presentados por el CNE. El propio Presidente Maduro informó de más de 2 mil detenidos a quienes presentó como «terroristas». Durante esos días también fueron asesinadas 27 personas que el Gobierno presenta como militantes del PSUV. Pero lo cierto es que la gran mayoría de los detenidos son jóvenes y trabajadores ─incluyendo a menores de edad─ provenientes de barriadas populares; mientras que datos no oficiales pero confiables, han documentado que numerosos asesinatos ocurrieron a manos de fuerzas represivas del Estado o de grupos parapoliciales.
La actuación aislada de grupos que ejecutaron actos vandálicos fue presentada como la justificación para las masivas detenciones y las temerarias acusaciones de «terrorismo» contra todos los detenidos, entre quienes se cuentan personas que ni siquiera estaban presentes en las manifestaciones. Familiares de adolescentes encarcelados han denunciado que estos menores de edad fueron torturados y sometidos a tratos crueles, con la finalidad de que se incriminen.
El Gobierno de Maduro también desató una escalada de allanamientos y detenciones sin orden judicial en numerosos barrios populares. Además, el PSUV ordenó a sus estructuras de base delatar a vecinos que hubieran manifestado. Desde la cúpula, se instauró una campaña de propaganda para presentar el derecho a la protesta como un delito. De hecho, se ensayó el uso de una aplicación móvil para denunciar a los manifestantes.
Al mismo tiempo, en los centros de trabajo, fundamentalmente en instituciones y empresas del Estado se ha puesto en marcha un recrudecimiento del acoso laboral y las amenazas. La cacería de brujas ha implicado centenares de despidos y renuncias bajo coacción por razones políticas en sectores como salud, energía, transporte, telecomunicaciones, así como en Gobernaciones y Alcaldías.
En los centros de trabajo del sector público se ha establecido, de facto, la prohibición de que las y los trabajadores se identifiquen con opciones políticas diferentes al Gobierno y más aún que militen en organizaciones políticas contrarias al PSUV. Tal fue el caso del fraudulento montaje cometido contra nuestro Secretario de Relaciones Internacionales, el camarada Héctor Alejo Rodríguez, trabajador del Ministerio de Petróleo: a quien se le forjó un expediente con el grave y temerario señalamiento de «terrorismo», sin ninguna prueba, activándose un procedimiento no solo para destituirlo, sino para abrirle un juicio penal.
5. Coyuntura política y la táctica del PCV
El Gobierno Nacional y todos los Poderes Públicos bajo su control han escalado al extremo en las violaciones a la Constitución, hasta dejar sin efecto la vigencia de los principios rectores de la República, así como los derechos a la protesta pacífica, a la reunión pública, a la asociación, a la libre participación en la vida pública, a la libertad de expresión y el derecho a la información veraz, a las garantías procesales, al trabajo, a un salario digno, a la seguridad social y a la libertad de sindicalización. En fin, por la vía de los hechos, han suspendido las garantías constitucionales.
Frente a esta realidad concreta, el movimiento obrero y popular venezolano tiene la necesidad de derrotar la consolidación de esta forma de gestión autoritaria al servicio del capital, independientemente de que partido político la personifique.
Indudablemente, la consolidación del gobierno del PSUV por la vía de un fraude electoral, sólo contribuirá a tornar más despótica su gestión y la clase trabajadora es la única que pierde frente a esta realidad. Ya en el pasado, con la experiencia del llamado «gobierno interino» de Juan Guaido, vimos cómo la burguesía y sus partidos se dieron la mano y llegaron a acuerdos en función de sus intereses. Lo mismo pasa ahora: el gobierno de Nicolás Maduro negocia y se entiende con las cúpulas empresariales y con capitales trasnacionales para intentar recuperar su legitimidad perdida en el seno del pueblo, de ahí que desarrolla una ofensiva internacional para posicionarse falsamente como vanguardia antifascista y antiimperialista mundial, mientras profundiza sus rasgos autoritarios, sus alianzas con el capital y el carácter neoliberal de su política, pasando a una abierta fase de venta y privatización de los activos de la nación.
El PCV defiende el legítimo reclamo del pueblo venezolano para que el Consejo Nacional Electoral publique los resultados desagregados por mesa y centro de votación, y de ser necesario, se haga un conteo público de los votos depositados en las cajas electorales, como ya se ha hecho en otras ocasiones. Con esta posición, no defendemos los intereses de candidato alguno, sino la recuperación de las libertades democráticas del país; condición mínima para que la clase trabajadora pueda organizarse y luchar contra sus enemigos de clases.
El PCV no apoya a ninguno de los polos burgueses en confrontación. Tenemos una acción política independiente y que es consecuente con los intereses y necesidades de la clase trabajadora venezolana en estos momentos. Esta política consiste en contribuir en la toma de conciencia y organización de los trabajadores sobre la necesidad de construir su propia fuerza frente a los dos bloques hegemónicos de la burguesía.
En esta dirección, hemos estado dando pasos importantes desde la constitución de la Alternativa Popular Revolucionaria en 2020; luego el Encuentro Nacional por la Defensa de los Derechos del Pueblo en 2023 y ahora a través del Frente Democrático Popular; una respuesta de organizaciones genuinamente democráticas y populares a la actual crisis de representación política que vive el país, cuyo norte es la restitución de los derechos consagrados en la Constitución y la recuperación del estado de derecho.
Como ven, la lucha por las libertades democráticas tenderá a intensificarse en los próximos meses y con ella los riesgos de mayor represión y persecución contra la clase obrera, los sectores populares y el PCV. Además, el Gobierno mantiene una sofisticada campaña nacional e internacional de manipulación para presentar su deriva antiobrera, antipopular y autoritaria como una cruzada contra el imperialismo y el fascismo. No obstante, una revisión cuidadosa del desarrollo de la lucha de clases en el país, da al traste con esta farsa: No hay antiimperialismo sin una lucha decidida contra el yugo del capital. Negar esto no es más que oportunismo y el resultado son este tipo de gestiones de gobierno que intentan «hacer más humana» la barbarie capitalista.
El gobierno de Nicolas Maduro, no muestra ninguna intención de restablecer las libertades y derechos democráticos secuestrados. Los sectores burgueses y militares más radicalizados, que tienen el control de los principales negocios económicos del país, imponen su voluntad de mantenerse en el poder político a cualquier costo, y para ello escalan las acciones de persecución, represión y encarcelamiento contra toda forma de oposición.
En el otro extremo, las fuerzas políticas de la derecha tradicional, apuestan nuevamente a la agenda de la injerencia, presiones y sanciones internacionales, como estrategia para derrotar al gobierno autoritario. La reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales Estadounidenses, puede apuntalar la agudización de la confrontación entre estos dos polos burgueses, con consecuencias devastadoras para los trabajadores venezolanos.
Los monopolios son los únicos ganadores en este conflicto. Se aprovechan de la desesperación del Gobierno de Maduro en busca de legitimidad, para conseguir mejores condiciones para sus inversiones, participación ventajosa en los procesos de privatización de los bienes públicos, etc, o utilizan las demandas de los sectores de la oposición de derecha para justificar la política de injerencia y más sanciones, que puedan conducir a un aprovechamiento futuro de la riqueza venezolana en condiciones más ventajosas.
Este es el complejo escenario que le espera al pueblo trabajador venezolano luego del 10 de enero del 2025, cuando probablemente Nicolas Maduro pretenda juramentarse, sin presentar ninguna evidencia de su supuesta victoria.
Como en otras oportunidades, con esta exposición no les planteamos solidaridad incondicional con la clase trabajadora venezolano, ni con el Partido Comunista de Venezuela, ni con nuestra política, sino la necesidad de profundizar en el análisis objetivo de la realidad existente en nuestro país, a través de fuentes distintas a las que ofrecen quienes detentan el poder.
Estimados camaradas, le agradecemos por su participación en esta videoconferencia e interés en conocer la posición del PCV sobre el complejo desarrollo de la lucha política en Venezuela. Como pueden apreciar, no es objetivo analizar la lucha de clases en Venezuela desde la falsa polarización política entre el Gobierno y la llamada oposición de derecha, sin tener en cuenta el carácter e intereses de clase de las fuerzas que se disputan el poder político. Hacerlo así, es dejar de lado los intereses propios de la clase trabajadora Venezolana, así como su legítima y necesaria aspiración de convertirse en una fuerza política independiente frente a los dos polos políticos de la burguesía y el estado capitalista.
Esto además genera un precedente muy negativo en el movimiento obrero internacional, la justificación de gobiernos de sectores de la burguesía en el poder que destruyen los derechos de los trabajadores, y el peligroso silencio frente a la represión, la criminalización y judicialización de las clase trabajadora, sus luchas y sus partidos políticos, que impide el ejercicio necesario del internacionalismo proletario.
Gracias por su atención. Un gran abrazo.
Caracas, 23 de Noviembre del 2024
